Por Alejandro Martínez Villegas
Ex-Viceministro de Minas y Energía

Las industrias minera y petrolera se encuentran en una situación crítica, no solo por la caída de los precios internacionales de las materias primas, sino porque las instituciones estatales están mandando mensajes de inestabilidad jurídica. A los ataques terroristas, los bloqueos, las demoras injustificadas en el licenciamiento ambiental, hay que sumarle las polémicas decisiones que están tomando las Cortes y el mismo gobierno, que le están significando un freno de mano a la industria.

Cada vez son más las decisiones sorprendentes de las Cortes que imponen nuevas e imprevisibles restricciones o prohibiciones a las actividades industriales, que invalidan consultas previas con las comunidades o licencias ambientales. Pero lo sucedido con el bloque exploratorio en cercanías de la Macarena es un nuevo fenómeno, de origen gubernamental, que tiene desconcertados a los inversionistas.

¿Por qué el desconcierto? Porque el bloque exploratorio objeto de la licencia revocada está a 68 Kms de Caño Cristales y porque se revocó apresuradamente, ante la reacción de la opinión pública. Esto sucedió en pocos días, a pesar de que la licencia ambiental surtió un proceso de más de 4 años de evaluación de impactos ambientales por parte de expertos consultores y de las autoridades ambientales, con amplia participación de las comunidades en la región, siguiendo los procedimientos de ley vigentes.

Una columna publicada por Alfonso Cuellar en la Revista Semana, es muy elocuente al explicar el poder que están ejerciendo los fundamentalistas ambientalistas, ya que el debate no se centró en la razón sino en la emoción y este, a mi juicio, es el quid del asunto

Desafortunadamente no se aprovechó bien el debate en el Congreso de la República, por la forma como argumentó el Presidente de Ecopetrol y no trascendió la discusión sobre cuáles serían los impactos ambientales reales posibles de la actividad en el bloque La Macarena, sobre Caño Cristales que está a la distancia de 68 kms. antes anotada.

Pues bien, la cuestión que se ha debatido es si las actividades de la industria petrolera generan o no pérdidas de volúmenes a ríos y acuíferos, como Caño Cristales. El profesor que fue invitado al Congreso de la República afirma que sí las generan. Esa afirmación del profesor de la UIS, en opinión de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, carece de “base técnico-científica y refleja un desconocimiento de los procesos hidráulicos que suceden en el subsuelo”. De su parte, el Director de la Escuela de Ingeniería de la UIS, en el 2014, puso por escrito que las afirmaciones del profesor de marras “carecen de validez y fundamentación”.

Ojalá el debate se centre alrededor de los posibles impactos ambientales y se atiendan las opiniones de expertos calificados en la materia. Mientras tanto, se evidenció mucho al ver al referido profesor dando una rueda de prensa auspiciada por la USO; parece por tanto que el tema va más allá de un profesor cuestionado y que lleva años recorriendo las regiones petroleras. Está detrás la agenda de la USO en materia de política petrolera.

En fin, el daño ya está hecho, el debate público se centró en proteger a Caño Cristales sin analizar si realmente había que hacerlo, y si este estaba sometido a un posible impacto ambiental por actividades petroleras, las cuales, además, se realizarían a 68 Kms de distancia.

De otra parte, el acto administrativo de otorgamiento de la licencia se revocó por externalidades ajenas al expediente, y es claro para tirios y troyanos que la publicación tardía de un acto de CORMACARENA, no fue sino una excusa hábilmente utilizada. Tendrán las autoridades gubernamentales que decantar lo sucedido y definir cómo manejar estos temas de coordinación hacia futuro. El gobierno quedó al final como “ambientalista obligado” para los fundamentalistas, y vulneró el proceso de licenciamiento ambiental para los inversionistas.

La reflexión de fondo, más allá de estos asuntos específicos de un bloque petrolero, es que la inestabilidad jurídica nos afecta a todos los ciudadanos. Las Cortes, los funcionarios del gobierno y demás entidades estatales, no deben dar el mensaje de que las normas legales y los procedimientos reglados se manipulan para satisfacer los objetivos e intereses particulares de quienes temporalmente dirigen los destinos de las entidades estatales.