Pedro F. Carmona Estanga
Colombia atraviesa por una etapa de definiciones cruciales en lo atinente a su modelo de desarrollo, y a seguridad energética. De una parte, es conocida la dependencia del país de las exportaciones del sector minero-energético, cuya volatilidad, en función de las realidades del mercado internacional de los commodities, ha determinado que durante los ciclos bajos de precios, como ha sido el caso de los últimos cuatro años, se afecte el ritmo de crecimiento de la economía y se agraven los problemas fiscales y de ingresos de divisas.
De otra parte, la reducción en las reservas probadas de hidrocarburos, aunada la caída reciente en la producción petrolera y en la inversión en sísmica, exploración y perforación, ha evidenciado que la seguridad energética nacional corre riesgos si no ocurren nuevos descubrimientos, hasta el punto de que a los niveles actuales de producción, las reservas de petróleo solo alcanzarían para cinco años, no obstante las esperanzas existentes en las operaciones costa afuera y en el petróleo de esquistos, tema en el cual se requerirá una normativa que garantice la sostenibilidad ambiental.
Ante ese panorama, el desarrollo de las energías renovables cobra especial importancia, dado el ilimitado potencial de Colombia en este campo. Si bien es cierto que en la actualidad cerca de un 60% de la energía eléctrica es generada por un fuente de energía renovable convencional, como lo es la hidroelectricidad, y que la nueva represa de Ituango incrementará la capacidad generadora del país, en una perspectiva de largo plazo la viabilidad de crecimientos en hidroelectricidad de gran tamaño será limitada, tanto por el monto requerido de inversiones, como por consideraciones ambientales y de relación con las comunidades.
Adicionalmente, los compromisos derivados de los Acuerdos de París sobre cambio climático y emisiones de efecto invernadero, obligan a Colombia y al resto de países signatarios a una reducción de sus emisiones de CO2, lo cual plantea la reducción del consumo de combustibles fósiles, y a nivel global, aumentar en un 40% el uso de las energías renovables. Países como Francia, cuya matriz energética descansa en 75% en energía nuclear, tiene como meta reducir hacia 2050 esa fuente energética a un 50% en la generación total, principalmente por razones de seguridad, privilegiando el desarrollo de la energía solar y eólica. Para Colombia, según la opinión de los expertos, el objetivo sería reemplazar el 30% de la generación eléctrica proveniente de combustibles fósiles por energías renovables, lo cual apuntaría en la dirección correcta no solo en los compromisos asociados al cambio climático, sino para hacer frente al futuro incierto de la industria de los hidrocarburos.
Siendo Colombia un país tropical, con abundancia de sol, viento y biomasa, las perspectivas para las energías renovables son promisorias, alentada además por los avances tecnológicos recientes, que a manera de ejemplo han implicado la reducción sustancial de los costos de las células fotovoltaicas, y nuevas posibilidades de ampliar el uso de dichas fuentes de energía en el sector industrial. En Estados Unidos y en China crecen las inversiones para el uso de energía eólica y solar en el sector industrial, y en nuestra región, países como Argentina y Brasil están impulsando el desarrollo de energías renovables, mientras algunas de las más conocidas empresas petroleras internacionales cuentan con divisiones dedicadas al desarrollo de las energías renovables.
Un requisito esencial para el desarrollo de las energías renovables lo constituye la necesidad de contar con un marco normativo que garantice reglas del juego claras e incentiven nuevas inversiones en dichas fuentes, con estabilidad en el tiempo, ya que se trata de proyectos de alta inversión y largos períodos de recuperación. El reto es mayor para el país, y como tal amerita una toma de conciencia a nivel nacional, de la mano de los inversionistas privados, para que el marco normativo y reglamentario que requiere el sector, partiendo de la Ley 1715 de 2014, permita darle el impulso a las inversiones nacionales y extranjeras requeridas para el logro de las metas propuestas, con una sólida proyección hacia el mediano y largo plazo.
