Por: Pedro F. Carmona Estanga (Director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda).

La vulnerabilidad de la matriz energética de Colombia, y la necesidad de contribuir con los compromisos del cambio climático global, hacen imperioso acometer un plan audaz de transición energética. En la actualidad, dos terceras partes de la generación eléctrica nacional provienen de una fuente renovable convencional: la hidroeléctrica, comparada con un 29% de generación térmica. Pero las fuentes hídricas han supuesto elevadas inversiones, amén de dificultades de ejecución como en el caso de Hidroituango, y depende de las condiciones climáticas, el régimen de lluvias y el fenómeno de El Niño.

El país es altamente dependiente de las exportaciones de energías fósiles: hidrocarburos y carbón (55,6% del total), en un entorno en el cual el carbón disminuirá en su papel a nivel mundial en el próximo futuro, y el petróleo, aunque seguirá siendo el protagonista principal en el panorama energético mundial, tendrá una tendencia declinante en el mediano plazo. A nivel nacional, el petróleo y el gas registran un panorama preocupante, ya que las reservas probadas se limitan a seis y nueve años, salvo que ocurran descubrimientos de significación, o que prospere el uso de la tecnología de perforación hidráulica, también conocida como “fracking”, tema objeto de una inusitada controversia interna, respecto del cual se requieren definiciones sobre bases científicas, deslastradas de consideraciones emocionales o políticas. Tan solo imaginar un escenario futuro en el cual Colombia tuviese que dejar de exportar crudo o aún más, tener que importar, tendría efectos macroeconómicos impensables, razón suficiente para justificar decisiones firmes.

Es esa preocupación la que ha motivado al gobierno, y a empresarios nacionales e internacionales a impulsar la transformación energética. Cifras recientes muestran que con los proyectos en marcha, en 2022 el país contará con una capacidad instalada de 21,329 Mw, de las cuales un 58% provendrán de fuentes hídricas, 30% de térmicas, 5% de energía eólica y 1% de generación solar. Gracias a la subasta para la asignación de energía firme del cargo de confiabilidad 2022-2023, será posible agregar 164,33 GWh-día, de los cuales 37,4 GW-día corresponden a proyectos de generación nuevos. Resaltan 1.400 Mw en energía solar y eólica, equivalentes a 28 veces la capacidad existente en ese tipo de energías.

A nivel mundial, el estímulo a las energías limpias no convencionales, solar y eólica, se ha visto favorecido por una reducción apreciable del costo, asociada a los avances tecnológicos. De esa forma, las inversiones en energías renovables no convencionales, si bien exigen reglas claras e incentivos, no dependen tanto del nivel de subvenciones que requerían en el pasado. En efecto, la energía solar y eólica se hace cada vez más competitiva con respecto a las fuentes convencionales de energía, lo cual permite afirmar que estamos ante el inicio de la revolución de las energías renovables.

La meta establecida para el cuatrienio 2022-2023 supone pasar de menos de 1% de participación de las fuentes no renovables de energía a entre 8 y 10%, cifra ciertamente relevante. Para lograrlo, el gobierno ha decidido la exención del IVA para la adquisición de paneles solares y automóviles eléctricos, y la deducción parcial del impuesto a la renta para inversiones en energías renovables no convencionales. Ya en la actualidad, poblaciones apartadas de Colombia como Vichada, Vaupés, La Guajira, Chocó y Nariño, han comenzado beneficiarse del el impulso al desarrollo de la energía solar, estimándose que podría alcanzar a 100.000 nuevos usuarios en el período antes mencionado.

En paralelo, se requiere más actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. Al respecto, la ANH ha decidido asignar 16 bloques para el desarrollo de proyectos costa afuera (“off shore”) así como en áreas continentales, con inversiones cercanas a US$ 1.500 millones. Como tampoco hay que desdeñar el elevado potencial de nueva producción que se derivaría de una definición responsable de políticas públicas para el desarrollo de crudos no convencionales.

En suma, el reto de la transición energética representa una tarea impostergable que involucra al gobierno nacional y a los agentes privados nacionales y extranjeros, bajo reglas claras, estables, y una visión de estado y no de gobierno. Hay razones para el optimismo. Es el momento de dar un voto de confianza al conjunto de políticas públicas en marcha, las cuales, de ejecutarse con determinación, cambiarán sustancialmente el panorama energético nacional.